El Ejecutivo aseguró que la decisión judicial podría limitar las funciones de la Agencia Nacional de Tierras en procesos de adjudicación y saneamiento de predios rurales.
El presidente, Gustavo Petro, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, cuestionaron una decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los baldíos, al considerar que podría afectar la implementación de la Reforma agraria en Colombia.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso “Pueblo U’wa y sus miembros vs. Colombia”, realizado en Cubará, Boyacá.
Durante su intervención, Gustavo Petro afirmó que la decisión judicial limita las facultades de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para adelantar procesos administrativos relacionados con adjudicación, clarificación y saneamiento de predios baldíos.
Según explicó el jefe de Estado, varios de esos procedimientos pasarían ahora a instancias judiciales, situación que, según el Gobierno, podría ralentizar procesos vinculados con acceso a la tierra para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El mandatario sostuvo además que la decisión representa un obstáculo para la implementación de compromisos relacionados con la Reforma rural contemplada dentro del Acuerdo de Paz. Petro también pidió a organizaciones sociales y de derechos humanos acompañar acciones jurídicas relacionadas con el alcance de la sentencia.
Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, defendió las competencias de la Agencia Nacional de Tierras sobre los bienes baldíos y aseguró que retirar esas facultades afectaría herramientas fundamentales para la política agraria del Gobierno.
La funcionaria explicó que los baldíos son bienes de la Nación con destinación constitucional hacia campesinos sin tierra, comunidades indígenas, negras y procesos de protección ambiental. También señaló que judicializar procedimientos administrativos podría generar retrasos en la recuperación de predios ocupados irregularmente y en el saneamiento de tierras rurales.
El debate también tiene impacto en departamentos como Cundinamarca, donde diferentes municipios participan en programas de formalización y acceso a la propiedad rural. Provincias como Sumapaz, Rionegro, Ubaté, Tequendama y Medina mantienen procesos agrícolas y campesinos vinculados a proyectos de titulación, saneamiento predial y desarrollo rural impulsados por entidades nacionales y departamentales.
