El informe de la a Unidad de Información y Análisis Financiero,fue remitido dentro de una indagación adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, elaboró un informe de inteligencia en el que advierte un presunto aumento patrimonial no justificado de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, entre 2018 y 2024.
El documento, identificado con el número 10513, fue elaborado a solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, entidad que adelanta una indagación relacionada con la magistrada Cristina Lombana.
El informe analiza movimientos financieros, bienes inmuebles y declaraciones tributarias de la alta funcionaria judicial y de algunos integrantes de su núcleo familiar, especialmente de su esposo, Leonardo Andrés Carvajal Velásquez.
De acuerdo con el reporte de inteligencia, el patrimonio de la magistrada pasó de 651 millones de pesos en 2017, antes de llegar a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a 1.018 millones en 2018. El documento señala además que en 2024 el patrimonio habría alcanzado los 3.402 millones de pesos.
La UIAF también advirtió presuntas inconsistencias entre el valor de los bienes reportados y las declaraciones de renta presentadas por la magistrada. El informe menciona propiedades ubicadas en Bogotá, Medellín y municipios de Cundinamarca como La Calera y Ricaurte.
En respuesta a los señalamientos, Cristina Lombana aseguró que puede demostrar el origen legal de sus bienes y explicó que parte del incremento patrimonial corresponde al pago de pólizas derivadas de una enfermedad oncológica, herencias familiares y procesos judiciales relacionados con bienes inmuebles.
La alta funcionaria judicial sostuvo además que el informe hace parte de una persecución política relacionada con las investigaciones que adelantaba contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. La magistrada realizó en noviembre pasado diligencias judiciales relacionadas con procesos que involucran al funcionario.
El informe de la UIAF aclara finalmente que los documentos de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor probatorio directo dentro de procesos judiciales o disciplinarios, aunque pueden servir como insumo para otras actuaciones investigativas.
