En sesión de la Asamblea de la CAR, el gobernador de Cundinamarca presentó las prioridades ambientales para 2026 enfocadas en la ampliación del programa de pago por servicios ambientales, el impulso a la reforestación y nuevas metas de adquisición de predios para la protección del agua y el ordenamiento territorial.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció ante la Asamblea de la Corporación Autónoma Regional (CAR) que en el transcurso del año se sumarán 24 municipios a la estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA), y que se avanzaría en la meta de sembrar 1,5 millones de árboles como parte del plan ambiental que prioriza la protección del agua y los ecosistemas estratégicos.
Explicó que el Pago por Servicios Ambientales es un incentivo, en dinero o especie, dirigido a propietarios o poseedores de predios que conservan o restauran bosques y páramos, fundamentales para la producción de agua y la biodiversidad. Indicó que 41 municipios ya hacían parte del programa, con 9.100 hectáreas vinculadas, y que para 2026 se implementaría un esquema de seguimiento y monitoreo para garantizar la conservación efectiva de esas áreas.
En paralelo, reportó la siembra de 750.000 árboles en el departamento y anunció la disponibilidad de 575.000 plántulas adicionales en los próximos meses. Agregó que, mediante un convenio con la CAR por 3.500 millones de pesos, se proyectaba la producción de 500.000 plántulas más, con el propósito de cumplir la meta establecida en el plan de desarrollo.
Señaló que estas acciones se articulan con la estrategia de adquisición de predios para conservación, cuya meta se fijó en 12.000 hectáreas, con énfasis en la cuenca del río Bogotá. Precisó que durante la actual administración se habían comprado entre 3.800 y 4.000 hectáreas y que se buscará coordinar recursos del 1% de la Ley 99 con aportes departamentales para fortalecer la protección del recurso hídrico.
El mandatario indicó que el enfoque ambiental para 2026 se estructuró sobre los ejes de ambiente, gestión del riesgo y ordenamiento territorial, con acciones concentradas en 30 municipios de la Sabana de Bogotá, tras las mesas de concertación con el Ministerio de Ambiente y en medio del análisis jurídico por fallos recientes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
