El plan anunciado por el Ejecutivo español permitirá que personas extranjeras que ya residen en el país accedan a estatus legal, en su mayoría latinoamericanos, como respuesta a la falta de mano de obra y al envejecimiento de la población activa.
La medida fue confirmada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se aplicará de forma progresiva durante los próximos meses. El proceso estará dirigido a personas que ya residen en España y que acrediten condiciones como arraigo social, familiar o laboral, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.
De acuerdo con información oficial, una parte significativa de los potenciales beneficiarios procede de América Latina, especialmente de países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Estas comunidades concentran una presencia relevante en actividades económicas que presentan dificultades para cubrir vacantes de manera sostenida.
El Gobierno explicó que la decisión se enmarca en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento poblacional. Datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que más del 20 % de la población española supera los 65 años, situación que ha reducido la disponibilidad de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción, los cuidados y algunos servicios.
El anuncio generó reacciones divididas en el escenario político. Sectores de la derecha y partidos de oposición calificaron la iniciativa como “un atentado a la identidad nacional” y advirtieron posibles impactos sobre la cohesión social y la presión sobre los servicios públicos. Estas posturas fueron expuestas en el debate parlamentario y en declaraciones públicas.
En contraste, organizaciones sociales, sindicatos y expertos en migración respaldaron la regularización al considerarla una herramienta para ordenar la situación administrativa de la población extranjera y reducir la informalidad laboral.
El Ejecutivo reiteró que el proceso se desarrollará bajo controles administrativos y coordinación institucional, y precisó que no implica modificaciones en la política de control fronterizo, sino una actuación focalizada sobre migrantes ya establecidos en el país.
