En la reunión se estudiaron los alcances y la aplicación territorial de las medidas adoptadas, con especial énfasis en su impacto sobre la estabilidad fiscal de los departamentos.
El encuentro entre representantes del Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Departamentos se llevó a cabo en la sala Antonio García Nossa, adjunta al despacho del ministro de Hacienda, y contó con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la DIAN, Carlos Betancourt; el viceministro técnico Leonardo Pazos; y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera.
A la reunión asistieron los gobernadores de Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Guainía, Putumayo, Caquetá, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Santander, Vaupés y Vichada, mientras que el gobernador de Antioquia solicitó participar de manera virtual.
Durante el espacio de diálogo, los mandatarios regionales expusieron sus inquietudes frente a algunas disposiciones del decreto de emergencia económica, particularmente el incremento de 14 puntos porcentuales al impuesto del licor y del tabaco. Los gobernadores manifestaron su inconformidad al considerar que dichos recursos serían recaudados por el Gobierno central y no ingresarían directamente a las arcas departamentales, lo que representaría un impacto negativo en las finanzas regionales.
Según lo expuesto en la reunión, esta situación podría afectar de manera directa los presupuestos destinados a sectores estratégicos como salud, educación y deporte, áreas que dependen en buena parte de estos ingresos fiscales.
Tras la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar el diálogo técnico. Los mandatarios departamentales reconocieron la buena voluntad del Gobierno Nacional y su disposición para avanzar en una evaluación detallada del efecto real del recaudo, la cual se realizará a través de mesas técnicas de trabajo.
Además, se acordó proyectar una nueva reunión en el corto plazo y avanzar en propuestas como el fortalecimiento del control al contrabando, la salvaguarda de la ley que reconoce que la erosión de la demanda debe recaer en la Nación, y el cumplimiento de la instrucción de la Corte Constitucional para igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado.
El encuentro dejó como resultado un compromiso de diálogo permanente entre el Gobierno Nacional y los departamentos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de las regiones sin afectar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.
