Ante las recientes protestas de recicladores y carreteros que han generado serias afectaciones a la movilidad en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán Pachón, la construcción de un plan claro, gradual y concertado para la aplicación de la norma que regula el oficio del reciclaje en la ciudad.
La intervención del ente de control se da en el marco de su función preventiva y de protección de los derechos fundamentales y colectivos, tras los bloqueos y manifestaciones registrados en distintos puntos de la capital. Estas acciones han derivado en congestión vehicular, alteraciones en el transporte público y dificultades para la circulación de peatones, afectando la rutina diaria de miles de ciudadanos.
El pronunciamiento de la Procuraduría está relacionado con la implementación del Decreto Distrital 014 de 2023, una medida que busca ordenar el ejercicio del reciclaje, reducir impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos y regular el uso del espacio público. No obstante, la puesta en marcha de esta normativa ha generado tensiones sociales que se han expresado en jornadas de protesta.
Como respuesta a este escenario, el Ministerio Público dispuso la conformación de una Agencia Especial, con la designación de un procurador judicial, con el propósito de acompañar las actuaciones de las autoridades distritales. Esta figura tendrá como misión prevenir la profundización del conflicto social y facilitar escenarios de diálogo institucional entre la administración y los sectores inconformes.
Dentro de las recomendaciones elevadas al Distrito se plantea la necesidad de abrir mesas de diálogo permanentes con recicladores y carreteros, implementar mecanismos que garanticen la movilidad sin bloqueos totales, aplicar el decreto de manera progresiva y pedagógica, y reforzar los protocolos de atención a la protesta social, siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto por los derechos humanos.
