El Gobierno Nacional radicó en el Congreso la ley de competencias, una iniciativa que busca redefinir la descentralización en Colombia y dar mayor poder de decisión a departamentos y municipios. El proyecto propone reorganizar funciones y recursos, priorizando educación, salud y agua potable, con el objetivo de reducir brechas entre los territorios.
La ley de competencias fue presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a otros altos funcionarios del Gobierno, como una apuesta para avanzar hacia una mayor autonomía territorial. La iniciativa desarrolla el acto legislativo que fortalece el Sistema General de Participaciones (SGP) y redefine las responsabilidades entre la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas.
Según explicó Benedetti, el proyecto plantea que el 80 % de los nuevos recursos se destine a educación, salud y saneamiento básico, mientras que el 20 % restante se use para otros propósitos definidos por los entes territoriales. “Queremos que estos recursos sean administrados directamente por las entidades territoriales, con mecanismos de seguimiento y transparencia desde la sociedad civil y los organismos del Estado”, señaló el ministro.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la iniciativa busca devolver capacidades reales a los municipios. “Queremos descentralizar, pero con recursos, darle a la célula fundamental del país lo necesario para poder sobrevivir”, afirmó. En su criterio, la ley apunta a corregir desequilibrios históricos que han limitado la prestación de servicios básicos en regiones apartadas.
El proyecto propone que los recursos adicionales del SGP se orienten al cierre de brechas territoriales, al fortalecimiento institucional para la descentralización y al cumplimiento de compromisos con pueblos y comunidades indígenas. También define con mayor claridad qué le corresponde hacer a cada nivel de gobierno en los sectores priorizados.
Otro de los puntos clave de la ley de competencias es la creación de una institucionalidad específica para administrar el proceso de descentralización. Además, establece una clasificación de los territorios según sus capacidades y atributos, lo que permitiría una descentralización asimétrica, ajustada a las realidades y vocaciones de cada región del país.
El proyecto fue construido con el apoyo de varias entidades del Estado y pasó por procesos de consulta previa con comunidades indígenas. También fue socializado con gobernaciones, alcaldías, asociaciones de ciudades, organizaciones sociales y sectores académicos. Ahora, la iniciativa queda en manos del Congreso de la República, que podrá modificarla y decidir sobre su aprobación.
El Gobierno conservará la facultad de otorgar el aval fiscal a lo que finalmente se apruebe. De salir adelante, la ley podría convertirse en una de las reformas más profundas del Estado desde la Constitución de 1991 y reabrir el debate sobre cómo se gobiernan y financian los territorios en Colombia.
