Según los expertos, la aprobación de la reforma tributaria es clave y su eventual rechazo agravaría el déficit fiscal y obligaría al Gobierno a hacer recortes en gasto social.
La situación fiscal del país fue examinada en El Tren de la Mañana de El Dorado Radio por el abogado Rodrigo Pombo y el economista Luis Fernando Mejía, quienes advirtieron que los 16 billones previstos en la reforma tributaria resultan insuficientes frente al déficit de 46 billones, una cifra que reduce el margen del Gobierno para cumplir sus obligaciones y estabilizar las cuentas públicas.
Pombo explicó que, incluso si la reforma llega a aprobarse, el alcance fiscal sería limitado y no solucionaría la brecha actual. Señaló que el país enfrenta un escenario comparable al de un hogar con ingresos insuficientes, en el que se requieren ajustes en el gasto y nuevas fuentes de ingresos sin afectar la capacidad productiva. También advirtió que mayores cargas tributarias sobre las empresas podrían frenar la inversión y limitar el crecimiento futuro, especialmente entre micro y pequeñas compañías, que representan el 92 % del tejido empresarial.
Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, recordó que el deterioro fiscal se acentuó luego de la pandemia. Mientras el déficit promedio era del 3,5 % del PIB, hoy alcanza el 7,5 %, una de las cifras más altas de la historia reciente. En su evaluación, la aprobación de la reforma luce poco probable en medio del ambiente político, lo que obligaría al Ejecutivo a aplazar gastos o recortar presupuesto para cumplir la regla fiscal.
El economista señaló que los 16 billones representan menos del 3 % del presupuesto nacional, por lo que el principal riesgo no es un incumplimiento de deuda, sino el encarecimiento del crédito y la pérdida de valor de los activos del país. Añadió que sectores como ciencia, tecnología y deporte han sido mencionados en posibles recortes, pese a que su participación en el presupuesto es mínima, situación que podría derivar en ajustes desproporcionados.
Mejía insistió en que mejorar la eficiencia de los subsidios, revisar programas con bajo impacto y promover el crecimiento económico ofrecería alternativas más sostenibles que nuevas cargas tributarias. Subrayó que desde el 7 de agosto el próximo gobierno deberá anunciar un plan de ajuste fiscal creíble para proteger el acceso al crédito y contener el deterioro de la deuda.
En consecuencia, el futuro de las finanzas públicas dependerá de las decisiones que tome el Gobierno ante la baja probabilidad de aprobar la reforma. Ambos coincidieron en que, sin ese recaudo, el Ejecutivo tendrá que definir recortes proporcionales y revisar programas para cumplir la regla fiscal y evitar efectos adicionales sobre el crédito y el valor de los activos del país.
