El congresista cuestionó la falta de cobertura y la baja calidad del sistema de salud del magisterio, que afecta a miles de maestros en todo el país.
En los últimos meses se han evidenciado serias deficiencias en la calidad, cobertura y continuidad de los servicios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), situación que ha generado creciente preocupación en el gremio docente.
Un hecho reciente que encendió las alarmas ocurrió el pasado 1 de octubre, cuando maestros de los municipios de Medina y Paratebueno recibieron un mensaje en el que se les notificaba que no serían atendidos en la sede hospitalaria de Villavicencio, centro médico al que acuden habitualmente. Aunque la atención fue restablecida poco después, el episodio dejó en evidencia la fragilidad del sistema.
Ante este panorama, distintos sectores políticos han alzado la voz. El representante a la Cámara Hugo Danilo Lozano expresó su preocupación en entrevista con El Tren de la Mañana al señalar que “los docentes tienen más recursos destinados a estos sistemas de salud, y eso debería verse reflejado en la calidad del servicio, pero eso no está pasando”.
Así mismo, hizo un llamado a la Superintendencia de Salud y a los órganos de control para que ejerzan mayor vigilancia sobre el uso de los recursos del FOMAG y advirtió: “no es acabar con las instituciones, lo que hay que acabar son los malos manejos”.
Lozano también denunció la falta de cobertura en varias regiones del país. “Solo existen 500 IPS de atención primaria para 1.104 municipios. A los maestros les toca pagar de su bolsillo hospedaje para poder asistir a consultas especializadas”, explicó.
Además, el congresista advirtió que el FOMAG administra recursos por $14 billones en pensiones, $3,7 billones en salud y $1 billón en cesantías, cifras que, según él, no se ven reflejadas en la calidad del servicio: “los recursos no están siendo bien administrados”, señaló.
Debido a las irregularidades detectadas, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar al FOMAG y a la Fiduprevisora, otorgándoles un plazo de tres meses para corregir fallas tanto en la prestación del servicio como en el manejo financiero.
“Los maestros enfrentan múltiples fallas en el acceso y calidad de la atención”, concluyó el representante.