El representante a la Cámara Alejandro Ocampo denunció el 2 de septiembre que la Registraduría adjudicó a Thomas Greg and Sons un contrato por 2,1 billones de pesos, con presuntos sobrecostos de 400 mil millones, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
El congresista Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, señaló que el contrato firmado por la Registraduría Nacional con la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por la empresa Thomas Greg and Sons, concentra nuevamente la operación logística de las elecciones.
Según el representante, el proceso de selección careció de pluralidad, pues los pliegos de condiciones restringieron la participación de otros oferentes, lo que terminó dejando como único postor habilitado al mismo consorcio que ha manejado procesos anteriores.
La adjudicación, cuyo valor asciende a 2.1 billones de pesos, busca cubrir la logística y transporte de material electoral para las elecciones de 2026. Sin embargo, Ocampo advirtió que, tras revisar los términos financieros, identificó sobrecostos superiores a 400 mil millones de pesos, una cifra que calificó de injustificada y lesiva para el erario. “Este contrato consolida un monopolio histórico y representa un gasto excesivo que compromete los recursos públicos sin que existan garantías de transparencia”, expresó Ocampo en su intervención en el Congreso.
Por su parte, la Registraduría defendió la contratación asegurando que se trató de un proceso abierto, ajustado a los requisitos técnicos y legales, y que el contrato garantiza la logística electoral en todo el territorio nacional. La entidad destacó que la continuidad de un operador con experiencia busca reducir riesgos en la operación y asegurar la eficiencia en la entrega de material electoral.
Ocampo anunció que pedirá a la Procuraduría, la Contraloría y a la Comisión de Seguimiento Electoral del Congreso investigar los términos del contrato y los valores pactados, con el fin de garantizar que la organización de los comicios no quede en entredicho. La denuncia se suma a las alertas planteadas por sectores políticos y académicos sobre la falta de competencia en la adjudicación de contratos electorales, tema que genera preocupación de cara a las elecciones de 2026.
