Una operación migratoria encabezada por Immigration and Customs Enforcement (ICE), con apoyo del FBI y la DEA, desencadenó una ola de protestas en Los Ángeles y llevó al gobierno federal a desplegar 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, en un movimiento que ha intensificado el conflicto entre el Ejecutivo y las autoridades locales de California.
Las redadas, realizadas el viernes en distintos puntos de la ciudad incluidos un Home Depot y varios almacenes de ropa resultaron en al menos 44 arrestos. La respuesta ciudadana fue inmediata: enfrentamientos, bloqueos viales, lanzamiento de objetos y el uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades migratorias marcaron una jornada tensa.
El presidente Donald Trump autorizó el despliegue militar bajo el Título 10, permitiendo la intervención sin consentimiento del gobernador. En una declaración publicada en su cuenta de X, el gobernador Gavin Newsom calificó la acción como “desquiciada” e “inflamatoria”. La alcaldesa Karen Bass también condenó la incursión federal, afirmando que estos operativos “siembran terror en nuestras comunidades”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el despliegue alegando un incremento en el “desorden público”, mientras organizaciones como ACLU y defensores de derechos de los migrantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza y tácticas represivas. Entre los incidentes reportados se destaca la detención del líder sindical David Huerta tras un enfrentamiento con la policía.
La situación ha generado barricadas, incendios, daños a vehículos federales y múltiples arrestos de manifestantes, en lo que ya se considera uno de los mayores choques federales-estatales por la política migratoria en años recientes. El conflicto pone en el centro del debate la autonomía de los estados frente a las decisiones del Ejecutivo federal, con California, estado santuario, como epicentro de esta disputa constitucional.
