La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis Lorenzo Correa Baracaldo por el delito de feminicidio agravado, tras determinar que el presunto agresor quemó a su compañera sentimental en un apartamento del barrio Santa Mónica, en Subachoque, Cundinamarca.
Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2024, durante una discusión en la que Correa Baracaldo arrojó una sustancia inflamable y prendió fuego al lugar, además de utilizar palabras displicentes. Las investigaciones revelaron que la víctima había soportado un prolongado ciclo de violencia física, verbal y psicológica.
La mujer fue trasladada por sus familiares a un centro asistencial, pero sus quemaduras de segundo y tercer grado, que afectaron el 54 % de su cuerpo, forzaron su remisión a un hospital de Usaquén, en Bogotá, donde lamentablemente falleció el 20 de agosto de 2024. Los elementos probatorios, que incluyen evidencias físicas y testimonios, indican que la víctima vivió en un entorno de violencia constante.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) logró la captura de Correa Baracaldo poco después de los hechos y lo judicializó en audiencias concentradas el 17 de septiembre de 2024. Desde entonces, el acusado se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario.
Representantes del Ministerio Público han señalado que la investigación se ha llevado a cabo con rigor y que la acusación se basa en un conjunto sólido de evidencias. Durante el proceso judicial, se han recabado pruebas que demuestran el prolongado historial de agresiones al que fue sometida la víctima.
Autoridades y organizaciones de derechos humanos han condenado estos hechos, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas de protección a las mujeres. La intervención de la Fiscalía en este caso es vista como un paso crucial para prevenir futuros crímenes y generar un cambio real en la lucha contra el feminicidio en Colombia.
Este caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en foros de derechos humanos, que ven en la condena a Correa Baracaldo una oportunidad para reafirmar el compromiso estatal con la erradicación de la violencia contra la mujer. La sociedad civil sigue atenta al desarrollo del proceso judicial, exigiendo justicia plena y el fortalecimiento de las medidas de protección para las víctimas.
Se espera que la sentencia final se emita en las próximas semanas y que marque un hito en la lucha contra el feminicidio en Colombia.
