Israel presentó una apelación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra las órdenes de arresto emitidas el pasado 21 de noviembre contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Las órdenes acusan a ambos de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante las operaciones militares en Gaza desde octubre de 2023.
En el documento, Israel argumenta que las acusaciones carecen de fundamento legal y fáctico, calificando la decisión del tribunal como “antisemita y politizada”. A pesar de no reconocer la autoridad de la CPI, el gobierno israelí solicita la suspensión inmediata de las órdenes mientras se resuelve la apelación. Netanyahu desestimó la medida, calificando al tribunal como “parcial y discriminatorio”, y reiteró que Israel continuará defendiendo a sus ciudadanos.
La reacción internacional ha sido dividida. Mientras países como Estados Unidos y Argentina han expresado reservas sobre la decisión de la CPI, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió respetar y aplicar las órdenes. Por su parte, Francia, firmante del Estatuto de Roma, aseguró que no ejecutará las órdenes de arresto, priorizando compromisos internacionales y el reciente alto el fuego en el Líbano.
El resultado de esta apelación será crucial para la legitimidad de la CPI y las relaciones internacionales de Israel, en un contexto de tensiones políticas y militares en la región.
Por: Alfredo Vidal
