La Fiscalía General de la Nación ordenó vincular a seis exfuncionarios y un exintegrante de las AUC a la investigación por los hechos de violencia ocurridos el 25 de mayo de 2000 contra la periodista.
De acuerdo con la Fiscalía, entre los señalados se encuentran el exdirector de la DIJÍN de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del INPEC, general en retiro Fabio Campos Silva; y otros altos exmandos de la entidad. Los exdirectivos del INPEC y de la Policía habrían omitido sus deberes constitucionales y legales, lo que permitió el ingreso de armas de fuego y elementos prohibidos a la cárcel La Modelo de Bogotá. En ese centro penitenciario, paramilitares privados de la libertad concertaron y ejecutaron las agresiones contra la comunicadora, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual.
La fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional concluyó que “los exfuncionarios facilitaron el actuar delictivo de los paramilitares, lo que configuraría graves violaciones a los derechos humanos y un incumplimiento de las obligaciones del Estado. En la lista de vinculados también figuran el exsubdirector del INPEC, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de La Modelo, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las AUC, Evangelista Basto Bernal”.
Según los hechos establecidos, Bedoya Lima fue sometida a seguimientos previamente planificados, producto de reuniones entre internos de La Modelo, y a actos de violencia sistemática debido a su labor periodística y su condición de mujer. Estos crímenes habrían contado con la posible mirada complaciente de integrantes de la fuerza pública y de otras instituciones del Estado.
Los vinculados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado. El proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, sin perjuicio de las competencias que pueda asumir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
