La medida fue presentada como un respaldo a Hollywood, aunque todavía sin definiciones jurídicas ni de aplicación concreta.
El anuncio fue hecho el 29 de septiembre y retoma una promesa previa de mayo: aplicar un arancel del 100 % a cualquier filme “hecho fuera de EE. UU.” que ingrese al mercado estadounidense. Trump sostuvo que la producción cinematográfica ha sido “robada” por otros países y que la medida busca recuperar empleos y actividad en territorio nacional.
Hasta el momento no existe un marco específico sobre cómo se aplicaría el gravamen ni cuándo entraría en vigor. Analistas advierten dudas prácticas: ¿qué ocurriría con coproducciones o rodajes híbridos (EE. UU. y el exterior), y cómo se tarificarían las obras digitales distribuidas por streaming? La Casa Blanca aseguró que estudia opciones para “fortalecer” la producción doméstica, aunque no ha divulgado un cronograma normativo.
El sector advierte posibles efectos colaterales. Los grandes estudios suelen filmar en Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda gracias a incentivos fiscales, empleando a miles de técnicos estadounidenses; un arancel podría elevar costos para estudios y público, además de provocar represalias —como cuotas de pantalla o gravámenes a propiedad intelectual estadounidense— en mercados clave. Tras el anuncio, algunos valores del sector mostraron volatilidad.
La respuesta política llegó de inmediato. El gobernador de California, Gavin Newsom, defendió la ampliación de créditos fiscales estatales para retener rodajes y cuestionó la viabilidad del arancel. Voceros e insiders de la industria recibieron la amenaza con escepticismo, al subrayar la interdependencia global de la cadena audiovisual.
Por ahora, el anuncio no se traduce en una medida efectiva, puesto que requeriría sustento legal y pasos administrativos formales. Expertos consultados por AP advierten que un arancel de este tipo sería inédito para el sector y enfrentaría retos económicos y diplomáticos.
