La decisión judicial deja en pausa el incremento decretado para 2026 y reactiva la discusión sobre los criterios legales y constitucionales que deben aplicarse cuando no hay acuerdo en la mesa tripartita.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, tras admitir una demanda que cuestiona los criterios técnicos aplicados por el Gobierno nacional. La medida es temporal mientras se adopta una decisión de fondo.
La medida cautelar fue adoptada luego de que el alto tribunal admitiera una demanda que pone en duda si el Ejecutivo aplicó de manera adecuada los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996 para la fijación del salario mínimo. Entre los criterios evaluados están la inflación proyectada, la productividad laboral y el crecimiento del Producto Interno Bruto.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el Gobierno prepara la defensa jurídica del decreto. “Estamos preparando la defensa del decreto. Consideramos que existen fundamentos constitucionales y técnicos suficientes para respaldar el incremento decretado para 2026”, afirmó el funcionario.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sostuvo en alocución presidencial que el ajuste del 23,7 % responde al principio del salario mínimo vital y móvil, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Según el Ejecutivo, el incremento buscaba reducir una brecha estimada en 28 % entre el salario mínimo vigente y el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio, con base en cálculos entregados por la Organización Internacional del Trabajo al Ministerio de Trabajo.
“Vamos a defender el salario mínimo vital. La Constitución ordena proteger el trabajo y garantizar una remuneración que cubra las necesidades básicas de las familias trabajadoras”, manifestó el jefe de Estado.
El Consejo de Estado deberá definir si el decreto cumplió con los requisitos legales exigidos cuando no existe acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Entre tanto, el Gobierno evalúa la expedición de un nuevo decreto ajustado a las observaciones del tribunal o la defensa integral del acto administrativo inicialmente expedido.
