Un juzgado de Bogotá rechazó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de la exfuncionaria, implicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La decisión judicial confirma que Sandra Ortiz deberá continuar privada de la libertad en una guarnición militar mientras avanza la investigación por lavado de activos y tráfico de influencias. El Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías concluyó que “persisten las condiciones de riesgo procesal y de obstrucción a la justicia” que justificaron su detención inicial.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la exconsejera habría fungido como intermediaria entre Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y altos congresistas, entre ellos Iván Name y Andrés Calle, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de respaldar las reformas del Gobierno en el Congreso.
Fuentes judiciales consultadas señalaron que “los flujos financieros y los testimonios coinciden en demostrar que la exconsejera trasladó cerca de 3.000 millones de pesos” como parte del esquema. Además, el fallo menciona que el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia, habría dado la orden para la entrega de los recursos.
El caso, que estalló en marzo de 2024 con la salida de Olmedo López de la UNGRD, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno. Por esta razón, el partido Alianza Verde suspendió la militancia de Ortiz y Name mientras avanza el proceso.
