El órgano de control abrió una indagación preliminar ante presuntas irregularidades por demoras, inconsistencias y posibles sobrecostos en la operación.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el proceso busca establecer si la contratación se ajustó a la ley y si existieron fallas en la supervisión del servicio, a cargo de una firma privada. Las quejas más frecuentes se relacionan con errores en los datos de identificación, demoras superiores a tres meses y deficiencias en la calidad de los documentos emitidos.
Al respecto, en un comunicado, Migración Colombia reconoció “intermitencias técnicas” derivadas de la actualización del sistema, aunque aseguró que los trámites continúan operando de manera gradual. La entidad sostuvo que el contrato incluye mecanismos de control y sanciones para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos.
Según cifras de la autoridad migratoria, en lo corrido del año se han tramitado más de 250.000 solicitudes de cédulas de extranjería, en su mayoría de ciudadanos venezolanos, estadounidenses y ecuatorianos. No obstante, los retrasos en la entrega han generado incertidumbre entre empresas, estudiantes y residentes con visa temporal.
El Ministerio Público revisará la trazabilidad del contrato, sus anexos técnicos y los reportes de interventoría para determinar si hubo negligencia administrativa o detrimento patrimonial. El organismo señaló que, de hallarse mérito, se formularán cargos disciplinarios contra los funcionarios responsables.