El ente de control abrió pliego de cargos contra Andrés René Chaves Fernández, al señalar que la entidad no tenía la capacidad técnica para cumplir el convenio y subcontrató funciones esenciales.
La Procuraduría General de la Nación informó que encontró méritos para formular cargos disciplinarios contra Andrés René Chaves Fernández, quien estuvo al frente de la Imprenta Nacional de manera encargada, por su papel en el convenio interadministrativo suscrito con Migración Colombia para la elaboración y entrega de las cédulas de extranjería.
De acuerdo con el órgano de control, las pruebas del proceso indican que la Imprenta Nacional “carecía de capacidad técnica e infraestructura tecnológica indispensable” para asumir directamente la producción de estos documentos de identificación para ciudadanos extranjeros. Según la Procuraduría, esa situación llevó a que el entonces gerente encargado subcontratara la ejecución con compañías privadas como Accesos Holográficos Sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S. A. S.
El Ministerio Público advirtió que, con esas decisiones, se trasladaron a terceros tareas consideradas esenciales dentro del objeto contractual, sin una verificación previa que acreditara que la Imprenta podía cumplir de manera autónoma con las obligaciones pactadas con Migración Colombia.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación calificó la conducta de Chaves como falta grave, con presunta culpa gravísima, según el régimen disciplinario de los servidores públicos. El proceso avanza en etapa de juzgamiento disciplinario.
En paralelo, el ente de control decidió archivar la actuación frente a otros funcionarios de Migración Colombia: el director general, Carlos Fernando García Manosalva; el secretario general, Rigoberto Niño Corredor; y el jefe de la Oficina Jurídica, Carlos Julio Ávila Coronel. En su caso, la Procuraduría concluyó que no había elementos suficientes para formular cargos disciplinarios en relación con este contrato.
Este proceso se enmarca en la revisión sobre la forma en que el Estado contrata la emisión de documentos oficiales para población extranjera residente en el país, un sistema que involucra datos personales sensibles y que debe cumplir con estándares técnicos y de seguridad documental.
