El procurador general, Gregorio Eljach, anunció que el Ministerio Público analiza apelar la sentencia de ocho años de sanción propia que la JEP impuso a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros cometidos en el conflicto armado.
El Ministerio Público estudia la posibilidad de interponer un recurso contra el fallo emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que sancionó con 8 años de restricción efectiva de la libertad a siete antiguos comandantes de las FARC responsables de más de 21.000 secuestros ocurridos en Colombia entre 1990 y 2016. El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que ya se conformó un equipo especial de delegados para examinar a fondo la decisión judicial.
“Tenemos listos nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para revisar la sentencia y definir los pasos jurídicos que correspondan”, indicó Eljach en diálogo con medios nacionales, al subrayar que la Procuraduría tiene la facultad de intervenir para garantizar los derechos de las víctimas.
El fallo de la JEP, dado a conocer la semana pasada, establece sanciones de carácter restaurativo para los excomandantes, quienes deberán cumplir trabajos en proyectos de reparación social, además de reconocer públicamente sus responsabilidades. Sin embargo, el debate jurídico se centra en si la sanción propia resulta proporcional frente a la magnitud de los crímenes documentados.
Diversos sectores políticos y de víctimas han expresado críticas, señalando que la pena impuesta resulta insuficiente. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, insisten en que lo importante es que los responsables asuman compromisos concretos de verdad, justicia y reparación.
La eventual apelación por parte de la Procuraduría abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre el alcance de la justicia transicional en Colombia y el papel de los organismos de control en la verificación del cumplimiento de las sentencias.
