En la acción instaurada ante el Tribunal de Cundinamarca, el Ministerio Público cuestiona la legalidad del contrato, valorado en cerca de 1,3 billones de pesos.
La Procuraduría General solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el convenio de cooperación internacional firmado el 28 de julio entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes, cuyo valor asciende a 1,3 billones de pesos.
De acuerdo con el organismo de control, el acuerdo “adolece de vicios de legalidad en su objeto, en la escogencia del contratista y en la distribución económica del acuerdo”. Según el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, “la participación portuguesa representa apenas el 21 % del valor total, lo que incumple los mínimos exigidos por la ley para convenios ”.
En consecuencia, el Ministerio Público sostiene que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica para ejecutar la totalidad del proyecto, lo que podría configurar una subcontratación integral prohibida. “El convenio se diseñó para que un tercero extranjero asumiera, en la práctica, toda la operación técnica y logística, sin un proceso competitivo de selección”, explicó Melgosa.
La Procuraduría también amplió su investigación disciplinaria contra varios funcionarios, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, por presunta omisión en la verificación de requisitos técnicos y financieros antes de la firma del contrato.
El caso se enmarca en el intento del Gobierno Nacional por reemplazar a Thomas Greg & Sons, empresa que por más de 15 años gestionó el proceso de elaboración de pasaportes y cuya última licitación fue declarada desierta en 2023, hecho que derivó en la sanción e inhabilidad del excanciller Álvaro Leyva.
