El ente de control señaló que existen más de $5.700 millones en gastos no elegibles de recursos destinados exclusivamente a acueducto, alcantarillado y aseo, y advirtió que 87 municipios mantienen cuentas pendientes por aclarar.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas en 469 municipios del país y al gobernador del Vichada por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB).
Según el Informe Nacional de Monitoreo 2024 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se habrían identificado registros presupuestales por más de $5.700 millones asociados a gastos que no serían elegibles dentro del programa. Además, 87 municipios presentan cuentas por aclarar, lo que podría poner en riesgo la destinación legal de los recursos y afectar el acceso al agua potable y al saneamiento básico.
La Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial recordó que estos fondos deben destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, conforme a lo establecido en la Ley 1176 de 2007 y en los Decretos 028 de 2008 y 1077 de 2015.
El ente de control también advirtió que el uso indebido de los recursos públicos podría acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas para los funcionarios responsables.
