En un documento radicado el 14 de octubre de 2025, el Ministerio Público señala que la solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones podría comprometer la reserva de fuentes y el secreto profesional del periodista.
La Procuraduría General de la Nación envió un requerimiento a la directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claudia Ximena Bustamante Osorio, para que explique el alcance legal y constitucional de la solicitud hecha por esa entidad a varios medios de televisión y radio sobre sus contenidos editoriales.
El órgano de control advirtió que, aunque la petición de la CRC fue presentada como un ejercicio técnico, “mantiene un tono formal y obligatorio que podría generar un efecto inhibitorio o de autocensura en los medios de comunicación”.
De acuerdo con la Procuraduría, la actuación de la CRC podría “comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista”, lo que afectaría derechos fundamentales como la libertad de prensa y de expresión.
El informe señala que la solicitud “no detalla cómo se usará la información ni qué mecanismos de confidencialidad se aplicarán”, lo que genera dudas sobre el manejo de datos personales y la transparencia del proceso. Aunque la CRC aclaró que su requerimiento “no corresponde a una actuación administrativa sancionatoria, sino a un ejercicio informativo y analítico”, la Procuraduría considera que no se eliminó el riesgo de afectación a la autonomía editorial de los medios.
Desde la CRC han señalado que la información solicitada a los medios de comunicación incluye protocolos editoriales, estructura de consejos editoriales y aspectos relacionados con la publicidad, pero su entrega no es obligatoria. De igual forma han explicado que el propósito de la comunicación es avanzar en un estudio sobre pluralismo e imparcialidad informativa, en cumplimiento de las funciones asignadas por la ley a la entidad.
