El contrato fue firmado para evaluar el impacto reputacional de las investigaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa.
Los investigados son Alberto José Vergara Monterrosa, director de Cumplimiento; Felipe Rivera, vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento. La firma del contrato original, seguida de un otrosí en diciembre pasado que aumentó exponencialmente el valor pactado, levantó sospechas por su oportunidad y falta de transparencia.
Este miércoles, Vergara rindió versión libre ante el ente de control, junto a los otros dos funcionarios implicados. Además, la Procuraduría ordenó tomar declaración al presidente de la junta directiva, Guillermo García Realpe, y a tres personas más en los próximos días. La investigación busca esclarecer la legalidad del proceso contractual y las decisiones tomadas en medio de las investigaciones disciplinarias y penales que rodean al presidente de Ecopetrol.
La auditoría interna de Ecopetrol, realizada el 20 de mayo y revelada por W Radio, fue clave para la apertura del proceso y ya fue remitida a la Fiscalía para determinar si se configuraron delitos. Mientras tanto, el directivo Vergara afirmó que no renunciará y que su actuación se dio conforme a la ley. El caso representa un nuevo reto reputacional para la estatal petrolera en medio de cuestionamientos por el manejo de sus recursos públicos.
