El presidente Gustavo Petro se negó a acatar la orden del Consejo de Estado que le exige rectificar en un plazo de 48 horas sus declaraciones sobre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, emitidas el 7 de noviembre de 2024.
La decisión judicial fue tomada tras una acción de tutela interpuesta por Vargas Lleras, quien argumentó que el mandatario lo mencionó de manera “faltante a la verdad” al acusarlo de omitir una propuesta sobre la elevación de la Autopista Norte en Bogotá.
Petro reaccionó en su cuenta de X afirmando que no puede “decir una mentira así me lo ordenen con pena de cárcel”, lo que ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el poder judicial.
Por su parte, el Consejo de Estado determinó que las declaraciones de Petro vulneraban el derecho al buen nombre y la honra de Vargas Lleras, considerando que no existía evidencia suficiente que respaldara su afirmación. Ante esto, ordenó al mandatario emitir una rectificación clara y pública en el mismo medio donde se realizaron los señalamientos.
Petro, en lugar de cumplir con la orden, reafirmó su postura y acusó a la justicia de intentar obligarlo a “decir una mentira”. El rechazo del presidente a cumplir con la orden ha generado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos. Expertos en derecho advierten que el desacato a un fallo del Consejo de Estado podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, o incluso en un proceso por desobediencia a la justicia.
Desde la oposición, Germán Vargas Lleras respondió a la negativa de Petro calificándola como “una muestra de irrespeto a las instituciones”. El exvicepresidente sostuvo que “Colombia es un país de leyes, no de caprichos personales, y la justicia ha determinado que el presidente debe corregir su afirmación”. Vargas Lleras ha sido un crítico recurrente del gobierno de Petro, especialmente en temas de infraestructura y seguridad.
El plazo otorgado por el Consejo de Estado vence en las próximas horas, y el país está a la expectativa de la reacción final del mandatario. Si Petro se mantiene en su negativa, la justicia podría tomar medidas adicionales para hacer cumplir la orden, lo que podría profundizar la crisis entre el Ejecutivo y el poder judicial.
