El llamado a un día cívico para respaldar las reformas sociales generó divisiones entre mandatarios locales, provocando una reacción del presidente Gustavo Petro.
En una serie de mensajes en la plataforma X, Petro calificó a estos mandatarios como “servidores del dinero” que “amenazan al pueblo” y carecen de dignidad.
La declaración del día cívico busca permitir que los ciudadanos participen en manifestaciones en apoyo a las reformas laboral y de salud, actualmente en debate en el Congreso. Sin embargo, líderes locales como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, han anunciado que sus ciudades no se acogerán a la medida y mantendrán sus actividades habituales. Gutiérrez afirmó que “los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad”, mientras que Turbay aseguró que Cartagena estará en “absoluta normalidad” y que las instituciones educativas operarán sin novedad.
En respuesta, Petro defendió la participación de los maestros en las movilizaciones, asegurando que “ningún maestro será sancionado mañana por ser libre” y que “enseñar dignidad es la mejor lección que se le puede dar a un niño”. El mandatario también criticó a los líderes empresariales, acusándolos de tener “fobia a la palabra libertad” y de oponerse a mejoras en las condiciones laborales que permitirían a los trabajadores “una media hora más para abrazar y querer a los niños”.
El presidente enfatizó que Colombia “nació de la rebeldía” y que a los poderosos “les duele la felicidad y la alegría del ser humano, porque solo saben contar dinero y ya no tienen corazón”. Estas declaraciones reflejan la creciente tensión entre el gobierno nacional y algunas administraciones locales en torno a las reformas propuestas y la convocatoria al día cívico.
Mientras tanto, expertos laborales han señalado que la declaración de un día cívico por parte del presidente aplica principalmente a los funcionarios públicos cuyas actividades no son esenciales, permitiéndoles cesar su labor para participar en las manifestaciones. Sin embargo, en el sector privado, la decisión de permitir o no la participación de los empleados en las protestas recae en cada empresa. La falta de autorización podría llevar a sanciones laborales, incluyendo descuentos salariales o despidos en casos graves o recurrentes, siempre respetando el debido proceso y las normativas internas.
La jornada de movilización del 18 de marzo se perfila como un termómetro de la relación entre el gobierno central y las autoridades locales, así como de la capacidad de convocatoria del presidente Petro en defensa de sus reformas.
