El paro minero que afecta las vías del nordeste y Bajo Cauca antioqueño sigue este lunes 31 de marzo, con bloqueos intermitentes en puntos estratégicos y sin acuerdo con el Gobierno Nacional.
Los manifestantes, conformados por pequeños y medianos mineros de los municipios de Segovia, Remedios, Tarazá, El Bagre y Caucasia, han presentado un pliego de nueve peticiones, entre las que destaca una que ha generado polémica: exigen que se prohíba la destrucción de maquinaria amarilla en los operativos contra la minería ilegal.
Los líderes del paro aseguran que la incineración de retroexcavadoras, volquetas y dragas afecta directamente el sustento de miles de familias que viven de la actividad minera, y piden una política de diálogo antes que una estrategia punitiva.
La protesta, que ya completa más de cinco días, ha provocado afectaciones en la movilidad, el transporte de alimentos y el abastecimiento de combustibles en varias poblaciones, según reportó la Gobernación de Antioquia y el Comité Departamental de Gestión del Riesgo.
El pliego de exigencias también incluye la suspensión de operativos mientras se da una formalización de la actividad minera, garantías jurídicas para los pequeños productores, acceso a bancarización y créditos, y la inclusión en la Mesa Nacional de Concertación Minera. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que no negociará bajo presión y que el control a la minería ilegal se mantendrá, incluyendo la destrucción de maquinaria que no cuente con permisos ambientales ni de uso del suelo.
Delegados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Minas han intentado instalar mesas de diálogo en Medellín y Caucasia, pero hasta ahora no se ha logrado la participación total de los voceros del paro. Organizaciones ambientales han criticado la petición relacionada con la maquinaria amarilla, señalando que muchos de esos equipos operan dentro de reservas naturales y fuentes hídricas sin ningún control técnico o ambiental, generando daños irreversibles.
