La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre las afectaciones y riesgos contra la vida e integridad de las comunidades, líderes del territorio y defensores de derechos humanos, por lo que, en las últimas horas se conoció el homicidio del personero del municipio de Cumbitara, Nariño, tras ser secuestrado por sujetos armados sin identificar en la vereda Las Piedras, donde tiene injerencia el frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC.Según el ente de control, en la región del pacífico, concentra cerca del 70% de las afectaciones humanitarias en lo corrido del 2024, como consecuencia del accionar delictivo de los grupos armados ilegales.La Procuraduría afirmó “requerimos con urgencia una acción contundente del Gobierno nacional, en la que instancias como el Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección, los organismos de seguridad y las entidades territoriales adopten las acciones necesarias para garantizar los derechos de estas personas, dirijan sus capacidades hacia el territorio y protejan el mandato misional de las personerías municipales, parte integral del Ministerio Público de la que forman parte la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación”, concluyó.Por otro lado, la entidad reitera el contenido de la Directiva N° 005 de 2024, en la cual se reconoce el rol de los servidores públicos y contratistas como defensores de derechos humanos y se establecen recomendaciones al Gobierno Nacional, entidades territoriales y organismos de seguridad para la creación de herramientas, políticas y rutas de protección especializadas.
Por: Jefferson Romero
