La Procuraduría General de la Nación ha cuestionado severamente un informe reciente de la Contraloría que acusa a las EPS de utilizar más de $5 billones de pesos de la UPC en 2020 para pagar deudas de años anteriores. La procuradora delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, expresó en un oficio del 27 de agosto su desacuerdo con estas acusaciones, argumentando que carecen de fundamento legal.Ojeda destacó que el informe de la Contraloría malinterpreta el principio de anualidad del presupuesto, aplicándolo incorrectamente a las EPS. Según la procuradora, las EPS no están obligadas a utilizar los fondos de la UPC exclusivamente para cubrir gastos del año en curso, lo que contradice el enfoque de la Contraloría y podría afectar el funcionamiento del sistema de salud.Además, Ojeda señaló que la interpretación de la Contraloría contradice acuerdos previos, como el pacto Punto Final, que fue diseñado para resolver deudas históricas en el sistema de salud. Según la Procuraduría, estos acuerdos permitieron que las EPS utilizaran recursos para saldar deudas pendientes, sin que esto constituya una desviación de fondos.Otro hallazgo del informe que causó revuelo fue la acusación de que Nueva EPS destinó recursos de la UPC a gastos no relacionados con la salud, como honorarios de la junta directiva y actividades recreativas. La Procuraduría, sin embargo, defendió que estos gastos, aunque discutibles, no justifican una acusación de desviación de recursos públicos.Finalmente, la Procuraduría insistió en que el Ministerio de Hacienda ya resolvió este asunto en un oficio previo, lo que debería cerrar el debate. Para Ojeda, la interpretación de la Contraloría no solo es errónea, sino que también pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud al cuestionar prácticas que han sido aceptadas durante décadas.
Por: Alison Infante
