Según la exasesora del ministro, María Alejandra Benavides, Bonilla estaba al tanto de la intención de utilizar recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres para "comprar votos" en el Congreso. Ante estos señalamientos, el presidente Petro defendió a Bonilla, alegando que está siendo víctima de extorsión por parte de algunos congresistas.

Petro expresó que la situación que enfrenta Bonilla no es nueva en la política colombiana, donde los ministros de Hacienda históricamente han sido objeto de presiones para otorgar "cupos indicativos", es decir, inversiones para las regiones de los congresistas a cambio de apoyo político. "Esto, que era el diario vivir de los ministros de Hacienda, y no era investigado antes, se convierte en delito ahora", escribió Petro en su cuenta de X. Según el presidente, los parlamentarios que piden estos favores transforman al ministro en "víctima" y lo convierten en "victimario" a raíz de la corrupción.

El mandatario también señaló que Bonilla enfrenta una extorsión por parte de los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes manejan las autorizaciones de deuda para el Gobierno, así como de los congresistas que están tramitando la reforma tributaria. Esta situación pone en riesgo las finanzas del país, según Petro, quien advirtió que, si no se aprueban las medidas necesarias, Colombia podría enfrentar un default económico.

En cuanto a las emisiones de deuda, la Comisión de Crédito Público aún no ha dado su visto bueno para las nuevas autorizaciones de deuda para el gobierno nacional, lo que ha obligado al Ministerio de Hacienda a buscar alternativas para continuar con las operaciones. Estas incluyen el cambio de deuda de corto plazo por deuda a largo plazo, una estrategia conocida como "Roll Over". Petro destacó que el sabotaje de estos procesos por parte de algunos parlamentarios podría llevar al país a una crisis económica grave.

Por otro lado, el Gobierno continúa tramitando en el Congreso una reforma tributaria destinada a obtener 12 billones de pesos para el presupuesto de 2025, pero el proyecto aún no ha logrado los acuerdos necesarios para su aprobación. La reforma enfrenta desacuerdos, especialmente en relación con la regla fiscal y la transición de su implementación, lo que ha puesto al gobierno contra las cuerdas. Para aliviar algunas tensiones, el Ejecutivo ha acordado eliminar el IVA a los vehículos híbridos y eléctricos, y también propondrá una reestructuración del impuesto al patrimonio y una implementación gradual del impuesto al carbono.