El Consejo de Estado confirmó que declaró improcedente una acción de tutela presentada por la veeduría ‘Antioqueños por Colombia’ en contra del presidente Gustavo Petro, que pretendía una retractación del mandatario por su alocución del 4 de septiembre de 2024 en la que reveló información acerca de la compra del software espía Pegasus – de la empresa israelí NSO Group Technologies- por parte del gobierno de Iván Duque, por un valor de 11 millones de dólares.

En su denuncia, Stefan Bravo Martínez, presidente de la veeduría, afirmó que la declaración del jefe de Estado vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz.

Al revisar la solicitud, el Alto Tribunal determinó que los señalamientos del demandante no cumplían con los requisitos para ser considerados como una vulneración a sus derechos fundamentales. Además, la Corte manifestó que la alocución presidencial no se refería directamente al accionante y, por lo tanto, no afectaba su buen nombre ni su honra.

Asimismo, el fallo destaca el derecho del presidente a informar sobre temas de interés público, principalmente, los relacionados con la seguridad nacional y la transparencia en el uso de recursos públicos.