La demanda responde a la falta de respuesta de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca sobre un recurso de apelación en torno a la licencia ambiental necesaria para la obra. Esta licencia, emitida en 2023, permite el trazado que incluye la sustracción de 20 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen, un área de gran valor ecológico.La aceptación de la demanda implica que el Consejo de Estado asume la competencia sobre la decisión final de la obra, suspendiendo de momento la autoridad de la CAR. Pese a que el alto tribunal no ordenó detener temporalmente la ampliación, solicitó que se presenten argumentos técnicos que justifiquen el impacto ambiental de la obra.Los interesados en el proyecto, entre ellos los promotores de Lagos de Torca, tendrán 30 días para aportar la documentación solicitada, mientras el tribunal determina la viabilidad del proyecto.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó en la plataforma X (antes Twitter) criticando al Gobierno Nacional por su “intromisión” en decisiones que, a su juicio, corresponden exclusivamente a Bogotá. Galán considera que esta demanda es una maniobra del gobierno para obstruir un proyecto esencial para la movilidad y el desarrollo de la ciudad, afirmando que la ampliación de la Boyacá es una obra estratégica que ya había sido aprobada con las compensaciones ambientales necesarias.Lagos de Torca lleva siete años en desarrollo y busca crear una ciudadela al norte de Bogotá. A pesar de ser una alianza público-privada, ha enfrentado múltiples obstáculos judiciales, particularmente por la proximidad del proyecto a la reserva Thomas van der Hammen y a los humedales Torca y Guaymaral.El proceso ahora se encuentra en espera de una resolución del Consejo de Estado, con ambientalistas y funcionarios nacionales vigilando de cerca cualquier avance que pueda afectar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
Por: Dana Correal
