El cabo primero Gersson Jalava, el sargento segundo, Jeisson Ricardo Barrera y el subteniente Juan Daniel Hernández, quienes estaban a cargo de las operaciones en esa región del nordeste antioqueño, fueron detenidos este viernes por su presunta responsabilidad en los hechos. Según la Fiscalía Penal Militar y Policial, los oficiales no cumplieron con las coordenadas correctas de sus tropas, lo que contribuyó a la vulnerabilidad y posterior ataque.
Las autoridades explicaron que el subteniente Hernández, quien comandaba el pelotón Buitre 2, tenía el deber de garantizar la seguridad de sus hombres, pero se habría omitido en su función al no informar sobre las alertas de peligro que se habían recibido. La fiscalía detalló que, a pesar de conocer la peligrosidad de la zona, los oficiales no cumplieron con las instrucciones operacionales, como el desplazamiento nocturno de las tropas, lo que aumentó la exposición ante los grupos ilegales. Además, se reveló que el subteniente Hernández contaba con los recursos necesarios para continuar con las operaciones de forma segura, pero optó por quedarse en el mismo lugar durante varios días, sin protección adecuada.
La Fiscalía también presentó pruebas que demostraban que las unidades militares recibieron alertas desde principios de noviembre sobre posibles ataques del frente Tomás del ELN. Sin embargo, los oficiales a cargo no tomaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos. En el caso del ataque del 21 de noviembre, las coordenadas reportadas eran erróneas, lo que evidenció las fallas en la cadena de mando y la falta de diligencia por parte de los militares involucrados. Como resultado, cinco soldados perdieron la vida durante el ataque, entre ellos el cabo segundo Fredy David Robles Romero y los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí, Fabián José Regino Mora y Yoiser David Redondo Arias.
Tras una audiencia, el juzgado 1227 Penal Militar y Policial de control de garantías determinó la detención preventiva de los tres militares en un centro de reclusión militar, medida que fue apelada por su defensa. La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, desobediencia y homicidio culposo. Estos hechos han generado un gran debate sobre la responsabilidad de los mandos militares en situaciones de riesgo, especialmente en zonas tan críticas como Anorí, donde el ELN ha mantenido presencia activa. Las investigaciones continúan, y el caso sigue siendo monitoreado de cerca por las autoridades y la opinión pública.
Por: Dana Correal
