Las autoridades decidieron cancelar la personería jurídica señalando que, “han incumplido con sus obligaciones”, por no reportar sus estados financieros ni informar sobre sus ingresos y egresos “por períodos de entre 1 hasta 35 años”.En la notificación se enumeraban las 1.500 organizaciones, entre las que había cientos de pequeños grupos religiosos, muchos de ellos afiliados a iglesias pentecostales y bautistas.Según un informe de la Comisión de EE. UU. para la Libertad Religiosa Internacional, el gobierno de Nicaragua utiliza un marco jurídico represivo, para perseguir a las comunidades católicas y protestantes, mediante detenciones, encarcelamientos y confiscación de bienes.Los cierres de organizaciones civiles comenzaron en 2018, tras las protestas sociales que Ortega calificó como “un fallido golpe de estado” y por las que culpó a las ONG’s, a la Iglesia católica y al gobierno de Estados Unidos. En aquel momento se informó que en el país funcionaban alrededor de 5.000 ONG’s.
Por: Víctor Castro Gómez
