La medida ha sido criticada por varios sectores que consideran que afecta el derecho a la información. Encuestadoras como Invamer aseguran que la nueva regulación “pone un bozal” en medio de un proceso clave para la democracia.
El presidente Gustavo Petro está pendiente de sancionar una Ley que prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales hasta noviembre de 2025, a pocos meses de la contienda electoral.
La iniciativa, impulsada bajo el argumento de evitar manipulación en la opinión pública, ha sido calificada como un retroceso democrático por distintos sectores de la sociedad.En ese sentido, firmas encuestadoras como Invamer han elevado su voz de alarma, asegurando que la nueva regulación “pone un bozal” a los mecanismos de medición de la opinión pública, esenciales para la transparencia y el debate democrático.
“Esta ley nos impide informar y conocer la evolución del sentir ciudadano. No fortalece la democracia, la debilita”, afirmó un representante del sector.
La medida ha sido criticada por varios sectores que consideran que afecta el derecho a la información en medio de un proceso clave para la democracia. Por ejemplo, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, cuestionó la decisión señalando que “no se puede restringir la información de las encuestadoras porque eso se llama acceso a la información”. A su juicio, la norma representa un retroceso en términos de transparencia y limita la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas políticos también han advertido que esta restricción podría abrir la puerta a la desinformación, al dejar a la opinión pública sin herramientas para conocer el panorama electoral real en los meses previos a los comicios.
