Según la Contraloría, solo el 39% de las 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas está en funcionamiento, mientras el resto permanece inoperante o abandonado.
La Contraloría General de la República alertó sobre las profundas desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento básico en Colombia. Según el organismo, más de 5 millones de personas no cuentan con agua potable, 12,5 millones carecen de alcantarillado sanitario y 8,6 millones no tienen acceso al servicio de recolección de basuras.
Durante el foro “30 años de la Ley 142: desigualdades en agua y saneamiento básico en las regiones”, la entidad reveló que, entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano solo aumentó 3,2%, la de alcantarillado 11,8% y la de recolección de basuras 16,1%. La inequidad territorial persiste: en 2024, la brecha entre zonas urbanas y rurales fue del 36% en acueducto, 78,4% en alcantarillado y 67,5% en aseo. La Amazonía es la región más rezagada, con apenas 46,8% de cobertura en acueducto frente al 93,6% de la Región Andina.
El ente de control también advirtió sobre la disminución del 53% en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda para 2026 destinados a agua, saneamiento y gestión de residuos. El presupuesto pasará de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones, lo que representa una caída cercana a 800.000 millones de pesos. A esto se suma la baja ejecución presupuestal: con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio solo ha ejecutado el 23% de su inversión total y el 22% del componente de agua y saneamiento.
Entre 2020 y el primer semestre de 2025, el ente de control realizó 40 auditorías al Sistema General de Participaciones (SGP), con 137 hallazgos fiscales por 75.515 millones de pesos, y 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua (PDA), donde se detectaron 231 hallazgos por 197.053 millones. En cuanto a los recursos de regalías, la entidad vigiló 174 proyectos por 1,1 billones de pesos, identificando hallazgos fiscales por 170.664 millones. En total, los hallazgos asociados a estos ejercicios de control superan los 443.000 millones de pesos.
El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que la vigilancia de los recursos públicos debe ser un instrumento para corregir fallas, anticipar riesgos y garantizar que las políticas lleguen a quienes más lo necesitan. Advirtió que, de mantenerse las brechas y la baja ejecución presupuestal, se compromete la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios de agua y saneamiento.
