El abogado indicó que el retraso en aprobar la jurisdicción mantiene la desigualdad rural, pese a que solo faltan dos debates en el Congreso.
En entrevista con El Tren de la Mañana, Joaquín Antonio Garzón, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana, recordó que la jurisdicción agraria es una promesa incumplida desde la Constitución de 1991 y subrayó su importancia para resolver disputas sobre tierras, linderos y derechos territoriales en zonas rurales.
Garzón explicó que Colombia nunca ha contado con jueces especializados en asuntos agrarios, por lo que estos conflictos terminan en despachos civiles y administrativos sin formación en derecho rural. Esta falta de especialización, añadió, genera demoras de 10 a 20 años en litigios que afectan al campesinado, a comunidades étnicas y a la productividad del campo.
El académico señaló que la reforma está a dos debates de ser aprobada, aunque enfrenta resistencia política en el Congreso. Recordó que los pilares ya existen: el acto legislativo aprobado en el gobierno Santos y la ley estatutaria tramitada durante la administración Duque, lo que evidencia que no es una propuesta exclusiva del actual gobierno sino una deuda acumulada durante décadas.
Consultado sobre los riesgos de no aprobar la jurisdicción, Garzón advirtió que el principal es que nada cambie en el campo colombiano. Dijo que persistiría la desigualdad en la propiedad rural, la inseguridad jurídica para pequeños productores, el retraso en la conformación de zonas de reserva campesina y un ambiente propicio para disputas con actores armados y económicos.
Finalmente, el experto pidió sensatez al Congreso y respaldo ciudadano para destrabar un trámite que considera decisivo para garantizar el acceso real a la justicia rural. Afirmó que solo restan dos debates y que sería lamentable que esta deuda histórica volviera a quedar aplazada.
