La decisión activa la intervención de organismos de control para revisar la legalidad de desembolsos efectuados dentro del sistema prestacional del magisterio y el alcance de actos administrativos previos que habían negado ese reconocimiento.
Un juzgado administrativo de Armenia ordenó remitir copias a los entes de control para investigar el pago de una prima a docentes pensionados del páis, tras admitir una acción de tutela que cuestiona desembolsos realizados pese a la existencia de decisiones administrativas previas que habían negado el reconocimiento de ese beneficio.
El despacho judicial precisó que la medida tiene carácter estrictamente investigativo y no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad contra los funcionarios o particulares mencionados en el proceso. La orden busca que las autoridades competentes evalúen si las actuaciones relacionadas con los pagos se ajustaron al marco legal vigente y si se respetaron actos administrativos en firme.
Según el documento, la revisión deberá establecer si el desembolso desconoció decisiones previas y si se vulneraron normas relacionadas con la administración de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), sistema encargado de gestionar las prestaciones sociales del sector educativo. Entre los aspectos bajo análisis se encuentra la trazabilidad de los procedimientos administrativos y jurídicos que dieron lugar a los pagos.
En el proceso se menciona al ministro de Educación, Daniel Rojas; a directivos de la Fiduprevisora —entidad que administra los recursos del FOMAG—, y a docentes pensionados que habrían recibido la prima. El ministro se pronunció sobre la decisión judicial y aseguró que el Gobierno colaborará plenamente con las autoridades. “Respetamos la decisión judicial y entregaremos toda la información requerida. Estamos tranquilos porque las actuaciones del Ministerio se han realizado conforme a la ley y dentro de nuestras competencias”, afirmó.
Rojas agregó que “no se trató de un pago arbitrario”, sino de decisiones sustentadas en análisis jurídicos y en la revisión de reclamaciones relacionadas con derechos adquiridos alegados por los beneficiarios.
El caso abre una discusión sobre el alcance de los actos administrativos en materia de prestaciones sociales del magisterio y sobre los mecanismos de control del gasto público dentro del régimen especial docente. Fuentes judiciales indican que la investigación busca determinar si hubo pagos sin respaldo normativo suficiente y esclarecer posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.
La controversia también revive debates históricos sobre el reconocimiento de primas y beneficios a docentes pensionados, un tema que ha generado litigios durante años y que involucra importantes recursos públicos. Serán ahora los organismos de control y la justicia quienes definan si las actuaciones se ajustaron a la normativa o si existen irregularidades que deban sancionarse.
