Según la Fiscalía, los crímenes fueron cometidos por integrantes de disidencias de las Farc con armas de fuego y cortopunzantes.
Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron enviados a prisión preventiva, acusados de participar en los asesinatos de líderes sociales en Putumayo y Arauca. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), recopiló pruebas que permitieron la judicialización de los dos capturados, quienes, según las investigaciones, habrían ejecutado los crímenes con armas de fuego y armas blancas, por órdenes directas de cabecillas de estas estructuras armadas ilegales.
El primero de los procesados es Jeferson Villanueva Carvajal, alias Richar Villa, señalado como integrante de los Comandos de Frontera. De acuerdo con la investigación, el 26 de febrero de 2024, alias Richar ordenó el secuestro y posterior asesinato del líder social Abelardo Quintero Duque, en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo. La víctima fue atacada brutalmente con armas blancas en un sector boscoso, presuntamente por Villanueva y otros hombres armados. Posteriormente, la familia del líder asesinado fue víctima de desplazamiento forzado.
Alias Richar Villa fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. El acusado no aceptó los cargos y permanecerá en un centro de reclusión mientras avanza el proceso judicial.
El segundo caso se remonta al 14 de diciembre de 2023, cuando Tulia Carrillo Lizarazo, reconocida líder social, fue asesinada en la vía entre Fortul y Tame, Arauca. La mujer fue interceptada por hombres armados mientras esperaba transporte público y recibió múltiples disparos. La investigación identificó como presunto responsable a Pablo Antonio Díaz Villamizar, alias Monomica, miembro del frente Guadalupe Salcedo de las disidencias de las Farc.
Alias Monomica habría participado en el ataque en cumplimiento de órdenes destinadas a eliminar líderes sociales en la región. Fue imputado por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Tampoco aceptó los cargos.
Ambos casos hacen parte del esfuerzo del Estado por esclarecer y sancionar los crímenes sistemáticos contra líderes sociales en Colombia, así como por debilitar las estructuras armadas ilegales que operan en zonas estratégicas del sur y oriente del país.
