El Ejecutivo elaboró un borrador de decreto que establece un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con vigencia de diez años y que incluiría compromisos para el Estado y el sector privado.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un proyecto de Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que busca orientar la política pública del país durante la próxima década, con medidas que abarcan sectores como infraestructura, minería, salud, educación y acceso a la tierra.
La iniciativa está contenida en un borrador de decreto compuesto por diez capítulos y acompañado de un documento técnico de más de 140 páginas. Según el Gobierno, el objetivo es consolidar una política de derechos humanos transversal que involucre tanto a las instituciones del Estado como al sector privado.
El plan busca que los proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos incluyan cláusulas específicas relacionadas con la protección de derechos humanos. Estas disposiciones buscarían garantizar que las actividades económicas se desarrollen respetando estándares sociales, ambientales y comunitarios.
De acuerdo con la propuesta, la estrategia tendría una vigencia de diez años, por lo que se proyecta su implementación hasta 2036. Sin embargo, el documento aún se encuentra en fase de consulta, lo que significa que podría sufrir modificaciones antes de su adopción definitiva.
El diseño de un plan nacional en esta materia no es una iniciativa completamente nueva. Su origen se remonta a 2018, cuando comenzaron a discutirse propuestas para estructurar una política integral de derechos humanos en el país.
No obstante, la actual administración ha impulsado el proceso para consolidar la estrategia y definir lineamientos que articulen distintas áreas de la gestión pública.
Entre los temas que aborda el Plan se encuentran la entrega de tierras, la garantía de acceso a servicios de salud y educación, así como la incorporación de estándares de derechos humanos en proyectos económicos de gran escala.
La propuesta también busca fortalecer la relación entre el Estado, las comunidades y el sector productivo, especialmente en territorios donde se desarrollan proyectos de infraestructura o actividades extractivas.
Según el Gobierno, el objetivo es que las políticas públicas en diferentes sectores integren un enfoque de derechos humanos que permita reducir conflictos sociales y mejorar las condiciones de vida en diversas regiones del país.
