Las familias afectadas por las inundaciones en ocho departamentos del país tendrán alivios en el pago del servicio de energía eléctrica tras la expedición de un decreto del Gobierno nacional que busca garantizar la continuidad del suministro y apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la emergencia climática.
El Gobierno de Colombia expidió el Decreto 0214 de 2026, mediante el cual adopta medidas para el servicio público de energía eléctrica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones afectadas por el fenómeno climático denominado “frente frío”. La decisión fue tomada por el Presidente y su gabinete en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado el 11 de febrero de 2026, con el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos de las inundaciones.
Entre las principales medidas, el decreto establece que no se podrá facturar ni cobrar el servicio de energía eléctrica a los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados por la emergencia, hasta que las viviendas recuperen condiciones adecuadas y el servicio pueda restablecerse de manera segura. Asimismo, las empresas prestadoras deberán diferir el pago de las facturas correspondientes al ciclo anterior a la declaratoria de emergencia hasta por 12 meses, plazo que podrá ampliarse hasta 36 meses cuando existan daños en equipos de medición o acometidas, sin que se cobren intereses.
Según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las intensas lluvias provocaron inundaciones, destrucción de viviendas y graves daños en la infraestructura eléctrica, afectando a miles de familias y obligando a suspender el servicio en varios municipios por razones de seguridad.
El decreto también establece tarifas diferenciales temporales para los usuarios damnificados, con el fin de reducir el costo del servicio durante la recuperación. Además, se suspenderán de manera excepcional algunos efectos relacionados con la subejecución de los planes de inversión de los operadores de red por un periodo de dos años, para que puedan priorizar la reconstrucción de la infraestructura eléctrica dañada.
Finalmente, el Gobierno autorizó el traslado excepcional de recursos de fondos del sector eléctrico, como el FAER, FAZNI y PRONE, hacia mecanismos financieros destinados a atender la emergencia y acelerar la rehabilitación de redes y equipos.
