Tras la declaratoria de Emergencia Económica en varias regiones del país, el Gobierno expidió un decreto que permite otorgar créditos, garantías financieras y alivios para empresas y micronegocios afectados por la crisis.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0244 de 2026, con el que adopta medidas extraordinarias de financiamiento y alivio crediticio para apoyar a empresas, micronegocios y unidades productivas afectadas por la emergencia económica, social y ecológica declarada en febrero de este año.
Las disposiciones se aplicarán en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios donde la crisis ha generado impactos en la actividad productiva, la infraestructura económica y las cadenas de abastecimiento, afectando los ingresos y la estabilidad financiera de miles de negocios.
Entre las principales medidas, el decreto autoriza al Fondo Nacional de Garantías (FNG) y al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) a respaldar hasta el 90 % de nuevos créditos dirigidos a unidades productivas afectadas. Estos préstamos podrán alcanzar montos de hasta 120 salarios mínimos mensuales y deberán mantener tasas que no superen el Indicador Bancario de Referencia (IBR) más seis puntos porcentuales. El Gobierno, además, asumirá temporalmente el costo de las comisiones de estas garantías con el fin de facilitar el acceso al crédito.
El decreto también ordena a las entidades financieras implementar programas de refinanciación de deudas para personas y empresas afectadas por la emergencia. Entre los alivios contemplados se incluyen periodos de gracia, suspensión de cobros judiciales, no reporte negativo a centrales de riesgo y medidas de educación financiera.
Adicionalmente, se crea un Programa de Crédito de Emergencia para el sector empresarial, que será administrado por Bancóldex y permitirá otorgar créditos directos con tasa de interés compensada de cero por ciento para micro, pequeñas y medianas empresas en sectores estratégicos para la reactivación económica. El decreto también habilita líneas de crédito asociativo para cooperativas y organizaciones productivas.
El documento advierte que la emergencia afecta especialmente a municipios con menor capacidad institucional. De acuerdo con el Gobierno, 297 municipios dentro de la zona de emergencia están clasificados en categorías 5 y 6, lo que evidencia limitaciones fiscales y administrativas. Además, 124 municipios presentan alta ruralidad, con más del 60 % de su población viviendo fuera de las cabeceras municipales, lo que dificulta el acceso a servicios, infraestructura y financiamiento.
Según el DANE los departamentos incluidos en la emergencia existen más de 530.000 unidades económicas, de las cuales 218.797 operan fuera de capitales y áreas metropolitanas. A esto se suman 1,95 millones de micronegocios que generan empleo para más de 2,3 millones de personas, muchos de ellos ubicados en municipios intermedios y rurales.
