Las colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron retenidas por el ejército israelí en aguas internacionales el pasado 1 de octubre de 2025 y trasladadas a un centro de detención sin haber podido comunicarse con las autoridades colombianas.
El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, calificó la acción israelí como un “secuestro” y ordenó la expulsión inmediata de toda la delegación diplomática israelí en Colombia, además de denunciar la suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.
Petro calificó la detención como un “nuevo crimen internacional” cometido por el gobierno de Benjamín Netanyahu, y enfatizó que Colombia no será cómplice de lo que denomina un genocidio contra el pueblo palestino.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, en El Tren de la Mañana señaló que la detención carece de fundamento en el derecho internacional. Jaramillo explicó que se activarán todas las gestiones consulares para su regreso, aunque hasta el momento no ha sido posible comunicarse con las activistas debido a las restricciones impuestas por Israel.
Además, Jaramillo resaltó que Israel ha retenido durante años la ayuda humanitaria hacia Gaza, ignorando órdenes internacionales, y que la situación para las dos colombianas es difícil porque se encuentran bajo ley marcial israelí, sin posibilidad de diálogo real entre los gobiernos.
El viceministro aclaró que la expulsión de la delegación diplomática israelí responde a la obligación del gobierno de Colombia de cumplir con convenios internacionales y defender los derechos humanos, pero no implica un rompimiento con el pueblo israelí ni con la comunidad judía en Colombia.
También señaló que, aunque las gestiones consulares se han complicado por la expulsión, estas no se han detenido y continuarán para garantizar la liberación de las ciudadanas.
Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos activistas colombianas retenidas en Israel tras participar en la flotilla humanitaria Sumud rumbo a Gaza, aceptaron los cargos de ingreso ilegal para facilitar su deportación, según el sistema judicial israelí.
Actualmente se encuentran en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, y podrían ser deportadas en los próximos días tras optar por esta vía expedita, aunque fueron detenidas en aguas internacionales y no ingresaron voluntariamente a Israel.
El gobierno colombiano, a través de su Cancillería, ha realizado visitas consulares a las activistas para garantizar su integridad y ha activado protocolos para gestionar su regreso seguro.
