El Gobierno Nacional confirmó que varios predios rurales y urbanos pasarán al Fondo de Desarrollo de Tierras como parte de la política de reforma agraria.
El traslado de predios al Fondo de Tierras lo impulsa el Gobierno Nacional en 2026, a través de la Agencia Nacional de Tierras, en distintas regiones del país, incluida la zona rural de Bogotá y municipios de Cundinamarca, con el fin de ampliar el acceso a la tierra y cumplir metas de reforma agraria contempladas en la ley y en el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el Ejecutivo, la decisión busca formalizar tierras, recuperar baldíos indebidamente ocupados y adquirir predios improductivos para adjudicarlos a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La política se enmarca en la Ley 160 de 1994 y en normas recientes que fortalecen la función social y ecológica de la propiedad.
Casos en Bogotá y Cundinamarca
En la región metropolitana se han identificado predios rurales en localidades como Sumapaz y Usme, así como en municipios de Cundinamarca donde existen procesos de clarificación de la propiedad. Las autoridades han señalado que algunos terrenos estarían en revisión por posible incumplimiento de la función social o por tratarse de baldíos de la Nación.
La Agencia Nacional de Tierras ha indicado que cada caso tendrá estudio técnico y jurídico individual. No se trata de una expropiación masiva, sino de aplicar los instrumentos legales vigentes, precisó la entidad en recientes declaraciones públicas.
¿Qué pueden hacer los propietarios?
Expertos en derecho agrario recomiendan a los dueños revisar la tradición del inmueble, verificar títulos y atender oportunamente cualquier notificación oficial. En caso de procesos administrativos, pueden ejercer su derecho a la defensa, aportar pruebas y acudir a la vía judicial si consideran vulnerados sus derechos.
La Constitución establece que la propiedad privada tiene una función social y ecológica, pero también garantiza el debido proceso y la indemnización previa en caso de expropiación. Juristas consultados señalan que la clave está en la legalidad del procedimiento y en la claridad de los criterios técnicos aplicados.
El Gobierno sostiene que el país mantiene alta concentración de la tierra y rezagos históricos en acceso rural. La creación y fortalecimiento del Fondo de Tierras busca redistribuir y formalizar predios para impulsar productividad y desarrollo regional.
Mientras avanza la identificación de terrenos, propietarios y autoridades locales siguen atentos a los alcances reales de la medida. La recomendación general es informarse por canales oficiales y actuar dentro del marco legal para evitar conflictos futuros.
