Según la Fiscal General de Colombia, la orden de Guatemala viola el Derecho Internacional y los DD. HH.
Luego de conocerse las declaraciones de José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien anunció una orden de captura contra Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador del país en el Vaticano, diferentes voces se han conocido en rechazo al pedido del jefe de la Feci, José Curruchiche.
En respuesta a la orden de captura, Luz Adriana Camargo aseguró que la determinación del Tribunal de Apelación de Guatemala desconoce los parámetros del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
En rueda de prensa, Camargo fue enfática al señalar que “la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación”. Además, añadió que no hay garantías para adelantar su defensa dado que en Guatemala han sido capturados varios abogados sin respetar el debido proceso.
Camargo hizo un llamado a la sensatez, “al respeto por los compromisos asumidos conforme a la Carta de Naciones Unidas y a la consolidación de caminos de colaboración legítimos y lejanos de la criminalización emprendida contra personas que luchan contra la corrupción”.
Sobre este caso, Curruchiche aseguró que la investigación está relacionada con el caso de Odebrecht y que por eso se les imputan los delitos de “asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”.
Por otro lado, el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció y respaldó a la fiscal general y a Iván Velásquez, exministro de Defensa. De igual manera, los organismos de control de Colombia, a través de un comunicado, expresaron su apoyo y calificaron la medida como inadmisible.
“La fiscal Luz Adriana es reconocida por su integridad, transparencia y honestidad (…) esta medida puede ser una retaliación por su lucha contra la corrupción y podría constituir una grave desviación de los principios del derecho internacional”, expresa el comunicado firmado por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Registraduría y Contraloría.
