Maestros exigieron definir un manual tarifario ajustado a las características demográficas y epidemiológicas del magisterio, y establecer una red nacional de prestadores que asegure la continuidad del servicio.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que adopte medidas inmediatas que protejan el modelo de salud del magisterio, el cual ha funcionado durante más de 30 años bajo la administración de la Fiduprevisora. Según el gremio, el sistema ha garantizado estabilidad y seguridad jurídica, pero enfrenta hoy un debilitamiento que amenaza la atención de miles de docentes y sus familias.
En una carta abierta dirigida al mandatario, Fecode advirtió que el modelo —creado con la Ley 91 de 1989 y reafirmado por la Ley 100 de 1993— atraviesa “serias dificultades” debido a deudas, desfalcos y fallas administrativas que ponen en riesgo la prestación del servicio. Además, cuestionaron que la crisis financiera ha expuesto a los maestros a la misma problemática que viven millones de colombianos con el sistema general de EPS.
El gremio docente pidió que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) sesione de manera permanente para abordar los problemas financieros y garantizar la operación del sistema. También exigieron definir un manual tarifario ajustado a las características demográficas y epidemiológicas de los maestros y establecer una red nacional de prestadores que asegure la continuidad del servicio, cuyos contratos actuales vencen el próximo 31 de julio.
Otro de los puntos planteados por Fecode es que se dé cumplimiento al Acuerdo 03 de 2024 del Consejo Directivo del Fomag, que busca fortalecer la administración del sistema de salud docente, así como profundizar las investigaciones de la Contraloría General sobre los hallazgos en la Fiduprevisora y garantizar el reconocimiento de derechos sociales y económicos a los beneficiarios.
Finalmente, el Comité Ejecutivo de Fecode advirtió que si no se toman acciones prontas, el sistema podría colapsar, afectando a cientos de miles de docentes y sus familias. Por ello, instaron al Gobierno a tomar decisiones antes del 28 de julio, fecha límite para evitar una crisis en la prestación del servicio.
