La capturada, identificada como Adriana Patricia Lizarazo Cordero, habría engañado a por lo menos ocho personas entre 2016 y 2024, logrando apropiarse ilegalmente de más de 450 millones de pesos.
Una mujer que se hacía pasar por funcionaria de distintas entidades del Estado fue enviada a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, luego de ser señalada de estafar a varios ciudadanos con supuestos remates judiciales de bienes a bajo costo.
Según la Fiscalía General de la Nación, la mujer usaba el nombre de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la DIAN y la misma Fiscalía para generar confianza en sus víctimas. Bajo esa fachada, ofrecía oportunidades de inversión en presuntos remates de vehículos de alta gama e inmuebles, presentando documentos que aparentaban legalidad, como letras de cambio y contratos.
Los afectados, convencidos de la legitimidad de las transacciones, eran inducidos a transferir elevadas sumas de dinero para la supuesta compra de unos “pines” que les permitirían acceder a los remates. Sin embargo, nunca recibían los bienes prometidos ni recuperaban el dinero consignado. En varios casos, las víctimas habían destinado sus ahorros a estas operaciones ficticias.
Las autoridades han asociado ocho denuncias formales que evidencian pérdidas superiores a los 450 millones de pesos. La Fiscalía le imputó cargos a Lizarazo Cordero, en calidad de persona ausente, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza. La investigación también reveló un patrón reiterado de engaño durante varios años.
Finalmente, la mujer fue capturada por la Policía Nacional en el municipio de Susa, Cundinamarca, en cumplimiento de la medida de aseguramiento impuesta por el juez. Ahora deberá enfrentar el proceso judicial privada de la libertad, mientras avanzan las indagaciones para establecer si hay más víctimas o posibles cómplices.
