La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que el 14 de agosto fueron incautados bienes valorados en más de 700 millones de dólares al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de una investigación por crimen organizado y narcotráfico.
En Washington, Bondi detalló que los activos confiscados incluyen dos aviones privados, varias residencias —entre ellas, una mansión en República Dominicana y propiedades en Florida—, una granja de caballos, nueve vehículos, así como millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.
La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para desmantelar estructuras criminales que, según la Fiscalía estadounidense, mantienen operaciones a nivel internacional. El 7 de agosto, el Departamento de Justicia duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares.
Bondi afirmó que el mandatario venezolano y su entorno cercano estarían vinculados a organizaciones como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. “Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”, declaró en una entrevista televisiva, advirtiendo que “su régimen de terror continúa” pese a las incautaciones.
Desde Caracas, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones durante su programa semanal en el canal estatal Venezolana de Televisión. En tono irónico, dijo: “La cuenta de YouTube me la bloquearon, es verdad”, refiriéndose a las supuestas medidas en su contra, y calificó de “estúpidos” a los funcionarios estadounidenses. Cabello aseguró que Maduro “no ha cambiado” y que ha resistido “todas las presiones de los gringos”.
Las incautaciones ocurren en un contexto de creciente tensión política y diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, con el Gobierno estadounidense aumentando las presiones judiciales y financieras contra Maduro, mientras el oficialismo venezolano cierra filas en su defensa y acusa a Washington de injerencia.
