El gobierno ecuatoriano activó nuevas medidas de seguridad en varias provincias consideradas estratégicas para el narcotráfico, con restricciones nocturnas de movilidad y operaciones conjuntas de fuerzas militares y policiales en medio de una nueva escalada de violencia.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el despliegue de más de 75.000 militares y policías y decretó toque de queda nocturno desde el 15 de marzo en Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos para reforzar las operaciones contra organizaciones criminales
La medida hace parte de la estrategia de seguridad del gobierno ecuatoriano para contener la expansión de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y al control territorial de rutas ilícitas. El toque de queda regirá entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana y, según el Ejecutivo, busca facilitar operativos conjuntos en zonas consideradas de alta incidencia delictiva.
De acuerdo con la presidencia de Ecuador, las provincias incluidas en la restricción concentran algunos de los principales corredores del tráfico de drogas hacia el Pacífico. En estas áreas operan grupos criminales vinculados a redes internacionales de narcotráfico, lo que ha incrementado los homicidios y los enfrentamientos entre bandas en los últimos años.
Agencias internacionales como Reuters reportaron que las operaciones cuentan con cooperación de Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad. En ese contexto, fuerzas ecuatorianas informaron recientemente la destrucción de un campamento asociado a actividades del narcotráfico cerca de la frontera con Colombia, lo que evidencia la dimensión transnacional del fenómeno criminal.
Medios locales señalaron que el toque de queda se mantendrá inicialmente hasta el 30 de marzo, mientras las autoridades evalúan el impacto de las operaciones de seguridad. Sectores económicos como bares, discotecas y comercio nocturno ya comenzaron a ajustar sus horarios ante la aplicación de la restricción en varias ciudades.
La ofensiva se desarrolla en medio del estado de “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno ecuatoriano a comienzos de 2024 para enfrentar a organizaciones criminales consideradas como grupos terroristas. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han ampliado su participación en tareas de seguridad interna junto con la Policía Nacional.
