Habitantes reportan desabastecimiento de agua en el municipio, mientras las autoridades investigan el manejo del recurso por parte de la multinacional.
En La Calera, Cundinamarca, habitantes denunciaron que siete manantiales habrían sido cubiertos con cemento y láminas, lo que estaría limitando el acceso al agua en medio de un periodo de racionamientos. La congresista María del Mar Pizarro expuso el caso en el Capitolio y solicitó revisar la concesión hídrica otorgada a la compañía hace más de 40 años.
La Corporación Autónoma Regional (CAR) confirmó que en una visita de campo se evidenciaron alteraciones en los nacimientos naturales de agua, hallazgos que no coinciden con los reportes oficiales de la empresa. El organismo advirtió que se investiga si las intervenciones incumplen la normatividad ambiental y si existe afectación directa a la comunidad rural del municipio.
Por su parte, Coca-Cola negó haber bloqueado manantiales y sostuvo que únicamente instaló “tapas de protección” para evitar contaminación en las fuentes. No obstante, la autoridad ambiental abrió un proceso sancionatorio para determinar responsabilidades y verificar si la operación de la multinacional se ajusta a los términos de la concesión vigente.
“El objetivo es establecer si hubo modificaciones no autorizadas y garantizar el uso sostenible del recurso hídrico”, señaló un vocero de la CAR. Entre tanto, los habitantes aseguran que deben comprar agua para suplir sus necesidades básicas, mientras la empresa paga alrededor de 11 millones de pesos al año por la explotación del líquido desde 1983, cifra que, según líderes comunitarios, no compensa el impacto local.
